Resultados de consultorías financiadas por el BID en coordinación con el Ministerio de Administración Pública.

Como resultado de la consultoría de incentivos monetarios en instituciones del Gobierno Central, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyó con recursos financieros al Ministerio de Administración Pública (MAP), para la realización de varios estudios que tienen como objetivo apoyar la implementación de la Ley 105-13 de Regulación Salarial en el Sector Público de la República Dominicana y reforzar la aplicación del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP).

Es decir, el proyecto financiado por el BID, cuyo código operativo es el “ATN/FI-14511-DR.”, fue ejecutado por el MAP en la República Dominicana, sobre la base de dos componentes definidos, que son la racionalización del Gasto Público e Implementación de la Ley 105-13 de Regulación Salarial y la consolidación del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP).

La consultoría presentada por el MAP ha sido el resultado del Proyecto de Cooperación Técnica No Reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo, en favor de la República Dominicana.

Se estudió también la dotación del personal, la escala salarial y las remuneraciones del cuerpo diplomático de la República Dominicana.

Tomando como referencia las consultorías financiadas por el BID, el Gobierno dominicano dispone también de una propuesta para modernizar la escala salarial del personal diplomático que presta servicios en el exterior, siguiendo los criterios de importancia estratégica de las embajadas y el ranking de prioridades recomendado, lo cual, de acuerdo con la propuesta, determinará el tamaño de las delegaciones en cada país.

La propuesta incluye el diseño de una nueva política salarial que incluirá componentes del costo de vida en cada destino del personal diplomático, tomando en cuenta el índice del costo de vida calculado en cada país por Naciones Unidas (UN) y la carga familiar del personal destacado en cada nación.

La  propuesta contiene una nueva política salarial de los distintos cargos del servicio exterior que tomará en cuenta como factores, el impacto del puesto en el servicio diplomático,  la complejidad del trabajo, la experiencia profesional, contenidos de toma de decisión y de supervisión necesarios, y el liderazgo interpersonales requeridas para el cargo.

El BID financió el estudio de la dotación del personal, la escala salarial y las remuneraciones del cuerpo diplomático de la República Dominicana, lo cual se ha realizado en cumplimiento de la Tercera Disposición Temporal de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público.

Ley de Salarios para el Sector Público

El BID financió también la actualización del Reglamento de aplicación de la Ley de Regulación Salarial del Sector  Público que incluye dos bloques de recomendaciones, el primero dirigida a cumplir con el espíritu de la Ley de Salarios, y el segundo contiene  encomiendas complementarias a la ejecución de Ley 105-13 y medidas de sostenibilidad fiscal del gasto salarial.

La propuesta de Reglamento para la Ley 105-13 incluye la prohibición del pago a los empleados públicos de cualquier componente diferente del salario base y el sueldo 13.

El estudio financiado por el BID y promovido por el Ministerio de Administración Pública recomienda establecer la obligatoriedad de liquidación de los gastos de representación de los altos cargos, sustentados en comprobantes, e instituye un límite de los pagos por incentivos a los servidores públicos, y exhorta  a definir  una sola escala salarial para los altos cargos y los restantes puestos del Gobierno Central.

Entre las medidas complementarias, la propuesta incluye políticas de remuneraciones activas dirigidas a promover la igualdad de género, y simplificar al máximo el sistema de los pagos por incentivos.

Sugiere acordar con la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) las diferentes definiciones de los componentes salariales para facilitar el cálculo del impacto presupuestario.

La propuesta de Reglamento establece una mayor flexibilidad que las versiones anteriores, en el sentido de que vincula el gasto salarial con la normativa, y por otro lado, reafirma la rigurosidad del pago de un reducido número de componentes salariales para minimizar la dispersión salarial, la inequidad y la discrecionalidad relativa que ha predominado en el sistema remunerativo público dominicano.

Para la propuestas de incentivos monetarios en instituciones del Gobierno Central,  los consultores contratados por el BID tomaron en cuenta que durante años, el Ministerio de Administración Pública ha promovido el desarrollo de incentivos  como uno de los componentes claves para alcanzar mejores resultados a través de los convenios de Desempeño Institucional establecidos por medio del Decreto No. 522-11 y el de Desempeño Individual regido por el Decreto-Reglamento No. 525-09,  instituido a través de la Ley  41-08 de Función Pública.

Las consultas ejecutadas por el  MAP también recomendaron medir la consistencia de los gastos de incentivos en relación a las normativas vigentes, así como la identificación y clasificación de los gastos de incentivos monetarios, según objetos, cuentas, subcuentas y auxiliares del clasificador presupuestario vigente.

Los estudios recomendaron, finalmente, determinar el impacto de los montos de incentivos en la totalidad de los gastos de remuneraciones, sueldos, sobre sueldos y gratificaciones, y disponer de conceptos comunes para coordinar, discutir y negociar los incentivos monetarios con los órganos rectores, como lo son el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto.