Por Gregorio Montero
El creciente empoderamiento de la ciudadanía respecto de temas atinentes a la gestión pública hace que las demandas y la presión social sobre las instituciones del gobierno aumenten de forma exponencial y, como consecuencia, desafíen su capacidad de respuesta y de generar confianza en la gente; a nuestro juicio, ese es el sello indiscutible que estará presente durante todo el siglo XXI. Todos sabemos que es la voluntad humana, la de los servidores públicos, sin importar jerarquía, la que debe garantizar que la Administración Pública fluya conforme las imposiciones de la sociedad actual, entregando los resultados que se requieren para avanzar como nación.
Por cuestiones históricas, el comportamiento que han puesto de manifiesto los trabajadores estatales no ha contribuido decididamente a colocar el país en la posición que, dadas las luchas tesoneras del pueblo, nos merecemos; son notorias las falencias: escaso desarrollo humano integral, deuda social acumulada, déficit institucional, servicios públicos deficientes, corrupción administrativa atosigante, entre otras. En esencia, el fallo reside, fundamentalmente, en la conducta de quienes ocupan los cargos públicos y que, por el motivo que fuere, no asumen con la entrega y responsabilidad necesarias sus sagradas funciones y terminan traicionando y decepcionando a la ciudadanía.
Es cierto que la mentalidad con la que se ha pretendido servir con frecuencia desde los cargos públicos no ha contribuido a solucionar los principales problemas sociales, que es la misión central de los órganos y entes públicos, es su razón de creación y existencia; también es cierto que esa mentalidad no alcanza para enfrentar con éxito los desafíos de la Administración Pública del siglo XXI, la que debe cumplir, en un contexto mundial, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, discutidos y aprobados en 2015 en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, en el plano nacional, procede la ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo, aprobada, luego de un amplio proceso de consulta, mediante Ley No. 1-12, así como atender las demandas crecientes de la ciudadanía.
No hay duda en que para salir airosos con todo esto se necesita un nuevo servidor público, lo que nos obliga a construir un nuevo perfil, el perfil del servidor público del siglo XXI, diría yo; se precisa definir y profundizar un conjunto de características, atributos y requerimientos que privilegien los principios y valores en los que debe fundarse y desarrollarse la función pública hoy, tomando en cuenta no solo los conocimientos formales, sino también las competencias y habilidades que hacen posible tomar decisiones acertadas que, centradas en el interés general, ataquen directamente la problemática más sentida por la gente.
En ese orden, entendemos que en la redefinición del perfil del servidor público se debe seguir considerando, con más firmeza, la formación y los conocimientos formales que les permitan poner en práctica las capacidades que debe poseer para aportar soluciones científicas a las situaciones administrativas que les toca gestionar; también se precisa de que el servidor público tenga una vocación de servicio a toda prueba y sea adornado por valores éticos de forma ostensible; de la misma manera, su honestidad debe ser de profundo calado y reciedumbre. El servidor público que se necesita debe ser responsable y estar habilitado moralmente para dar cuenta de todo lo bueno y lo malo que ocurra y asumir las consecuencias por el ejercicio de sus funciones.
El servidor público del siglo XXI debe estar caracterizado por un pensamiento estratégico que le permita concebir y ejecutar planes de mediano y largo alcance, y desde estos desarrollar los enfoques de prospectiva que sean necesarios para adelantarse a escenarios futuros de crisis y las potenciales respuestas; el empleado público debe ser un innovador por convicción, consciente de que siempre es posible propiciar y encontrar nuevas formas de hacer las cosas para servir mejor a las instituciones y a las personas, y a la vez ser flexibles para adaptarse a los cambios institucionales, inevitables y constantes. Los trabajadores del Estado deben estar acompañados de la inteligencia emocional que les permita conocer y entender los sentimientos ajenos y manejar los propios para gestionar de forma productiva las relaciones internas y externas a la institución donde laboran.
La condición de liderazgo gerencial de quienes ocupan cargos públicos resulta vital para acometer y conducir exitosamente la compleja misión de la Administración Pública, que es la del desarrollo nacional, debemos contar con verdaderos inspiradores en las instituciones estatales; en conexión con lo dicho, también se requieren individuos en el ejercicio de los cargos públicos que sean sensibles socialmente, capaces de sentir el dolor de la gente común y corriente que acude legítimamente al sector público a buscar solución a situaciones derivadas de sus derechos fundamentales, de la prestación de servicios públicos y de la tramitación de expedientes.
Hace falta acordar que los procesos de formación, capacitación y desarrollo de las competencias de quienes ocupan y pretenden ocupar cargos públicos deben estar enfocados en los perfiles expuestos y no expuestos en este artículo; aquí las universidades y otros centros académicos deben jugar el rol que les corresponde, lo mismo las unidades que tienen a su cargo la gestión del talento humano en las distintas instituciones del gobierno. De manera particular, tiene una gran tarea el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en tanto responsable del diseño, ejecución, orientación y coordinación de los programas de formación y capacitación de los servidores públicos.
Es
urgente contar con servidores públicos que respondan a las personas con
calidad, pero también con calidez, que pongan rostro humano a los datos
y estadísticas que manejan. Es claro que, además de procurar los
atributos imprescindibles, los empleados públicos deben recibir
remuneraciones justas, coherentes con sus méritos y resultados. En esto,
el Ministerio de Administración Pública (MAP), y las demás
instituciones del gobierno responsables, tienen una deuda que saldar con
la definición de escalas salariales que tomen en cuenta los principios y
las normas que rigen la política salarial. La misión del servidor
público de hoy debe ser asumida como un verdadero sacerdocio. Solo así
se podrá hacer la contribución necesaria para alcanzar las metas del
desarrollo sostenible.
