Por Gregorio Montero
El Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública, aprobado mediante el Decreto No. 149-21, que, como hemos afirmado antes, tiene un enfoque integral, cuenta dentro de sus ejes o líneas generales de trabajo el de Reforma Sectorial, con el cual se procura abordar determinados ámbitos administrativos que han sido declarados prioritarios en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el Plan de Gobierno, en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, y en otros instrumentos de direccionamiento de las políticas públicas.
En ese orden, ciertos sectores que gestionan políticas y servicios públicos económica y socialmente sensibles, están incluidos en un programa específico de reforma y modernización, entre ellos se encuentran salud, educación, protección social, agropecuario, medioambiente, industria y comercio, entre otros.
El objetivo central de las reformas sectoriales es, tomando en cuenta la realidad institucional y las características particulares de cada sector, propiciar el incremento de la eficiencia en el manejo de las políticas y la prestación de los servicios a su cargo, como forma de contribuir a la estabilidad económica, a una mejor distribución de las riquezas disponibles y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Para el abordaje de las reformas sectoriales se aplica una metodología de trabajo que ha sido diseñada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), la cual, desde el inicio de los trabajos, es adaptada al sector que se aborda, conjuntamente con las autoridades del mismo.
La metodología contempla la conformación de mesas sectoriales, que implican a los niveles políticos y técnicos de las instituciones que hacen parte del sector, bajo el liderazgo del ministerio que lo encabeza y con el acompañamiento y asesoría técnica permanentes del MAP; también contempla consultas e integración de los grupos de interés; la realización de un diagnóstico sectorial, con la participación de todos los actores; la formulación o actualización, según corresponda, del plan y la agenda de reforma sectorial; revisión y ajustes de los planes estratégicos y operativos de las instituciones del sector; establecimiento de instrumentos de gestión, control y monitoreo del plan y la agenda de reforma; mecanismos de rendición de cuentas; estrategia comunicacional; entre otros componentes.
Todo lo anterior debe llevar, de forma concreta, a la actualización y mejora de las normas que rigen el sector que se aborda, a la incorporación de mejoras en la planificación sectorial, al establecimiento y la mejora de los mecanismos de coordinación interinstitucional, a la adecuación de los sistemas transversales de gestión pública, a la mejora regulatoria y a la simplificación de trámites para el acceso a los servicios públicos, a un mejor relacionamiento de los entes y órganos del sector con la ciudadanía, al incremento de la calidad de bienes y servicios, a la agregación de valor público por parte del sector en su conjunto, así como a establecer los mecanismos que contribuyan a fortalecer el liderazgo sectorial y que garanticen la gobernanza.
Ahora bien, uno de los sectores priorizados para ser abordado con el enfoque de reforma y modernización en curso, es el de seguridad ciudadana, pues mediante el Decreto No. 708-22 se declara de interés nacional el proceso de reforma y modernización de dicho sector, cuyo artículo 2 establece como principal objetivo fortalecer la institucionalidad, gobernabilidad y efectividad de las políticas públicas orientadas a crear y sostener un clima de convivencia pacífica en la República Dominicana, y como objetivos secundarios, la actualización normativa del sector, incluyendo la revisión de las normativas vigentes y la formulación de un cuerpo legal y reglamentario moderno, coherente y consistente, que asegure el respeto efectivo de los derechos fundamentales y promueva seguridad, vida pacífica, participación social, transparencia y rendición de cuentas, así como la revisión y actualización de las políticas de seguridad ciudadana y garantice la creación y sostenimiento de una cultura de paz y convivencia pacífica.
De la misma manera, el decreto ordena el fortalecimiento del sistema de planificación y programación de las políticas y estrategias públicas dirigidas a asegurar el predominio de la convivencia pacífica entre los habitantes, el fortalecimiento de la coordinación estratégica y operativa entre las instituciones de los ámbitos público, privado y no gubernamental, para asegurar la pertinencia, coherencia, integralidad y efectividad de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, la racionalización de la estructura organizacional del órgano rector y de todos los entes y órganos adscritos y vinculados, para asegurar los principios de legalidad, eficiencia y jerarquía en la asignación de funciones y roles.
También, el mandato instruye para la integración e interoperabilidad de los sistemas transversales comunes a la gestión pública; apunta a incrementar la eficiencia en el uso de los recursos y la oportunidad de las acciones dirigidas al sostenimiento de las operaciones sustantivas en materia de seguridad ciudadana, traza pautas para la mejora de la cartera de servicios y productos que se generan desde el ámbito público para satisfacer con eficiencia y calidad las expectativas y necesidades de los usuarios y para el fortalecimiento de la imagen y reputación de las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana.
Para dirigir el proceso de reforma y modernización del sector de la seguridad ciudadana se crea la Comisión para la Reforma y Modernización, integrada por representantes de las instituciones que conforman o inciden en dicho sector: Ministerio de Interior y Policía, que la coordina, Ministerio de Administración Pública, Ministerio de Defensa, Dirección General de la Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Liga Municipal Dominicana, Consejo Nacional de Drogas, Cuerpos Especializados de Seguridad del Ministerio de Defensa, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), Dirección General de Migración, Dirección General de Pasaportes, Instituto Nacional de Migración, Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Dentro de los organismos responsables de la seguridad ciudadana, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, ha priorizado la reforma y transformación de uno de ellos, la Policía Nacional, proceso sobre el cual se ha estado rindiendo cuentas constantemente. Es importante entender que la seguridad ciudadana, conceptualmente, comporta la idea de vivir seguro, con la certeza de que el Estado garantiza de forma integral todos los derechos fundamentales; por tanto, el éxito de su mejora depende de un enfoque también integral.
En esa dirección apunta el citado Decreto No. 708-22, cuya aplicación ha iniciado con la elaboración de una propuesta de ley de seguridad ciudadana, en fase de culminación, que, entre otras cosas, procura sentar las bases para el diseño y ejecución de una política pública al respecto, y dotar al sector de una base legal, que hoy no existe, que disponga y clarifique sobre las competencias y roles, la institucionalidad que lo encabeza, la coordinación y la gobernanza.
Definitivamente, no hay espacio para dudar. Para lograr el clima de paz y tranquilidad que exige y merece la sociedad dominicana, el proceso de reforma, transformación y modernización de la Policía Nacional es sumamente necesario, y hay que continuar profundizándolo y ampliándolo; pero es preciso entender que también es urgente y de interés nacional, tal como lo manda el Decreto No. 708-22, la reforma integral del sector del que ella forma parte, el de la seguridad ciudadana.
