En la República Dominicana, el uso de las radiaciones se ha extendido de forma considerable, en los últimos quince años, utilizándose ampliamente en los campos de la medicina, la investigación, la agricultura, la industria y las obras públicas, entre otras.
Para prevenir los riesgos inherentes a la acción de las radiaciones y para la debida protección de la población, se hacía necesario regular aquellas actividades naturales y artificiales y de todo tipo de aparatos generadores de radiaciones.
Tomando en consideración lo anteriormente señalado, el 8 de noviembre del año 1991, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Núm. 413-91, creando el Consejo Nacional de Protección Radiológica, con la finalidad de reglamentar la utilización de equipos o sustancias generadoras de radiación ionizante en el país.