A finales del año 1954 el Poder Ejecutivo declara de alto interés nacional la adquisición por el Estado de varias empresas de servicios públicos, entre estas las de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica; con el propósito de asegurar a la Nación un suministro continuo y permanente de energía.

Esta disposición se oficializa mediante la Ley Núm. 4018 y se asigna a la Comisión de Fomento para que dirija dicho proceso. Un año más tarde el Estado adquiere dichas empresas. Ya para el año 1984 se aprueba el Reglamento General para regir la relación de la Corporación Dominicana de Electricidad con los usuarios, donde se pautan las reglas que regirán dicha relación.

En 1993, con el Decreto Núm. 148-93, se crea el Consejo Nacional para la Energía, que tendría dentro de sus funciones reglamentar y organizar las estrategias concernientes al sector eléctrico. En el año 2001, con la aprobación de la Ley General de Electricidad, Núm. 125-01, se crea la Comisión Nacional de Energía con la finalidad de asesorar al Estado en materia de explotación, producción y transmisión de energía y se le traspasan todas las funciones del anterior Consejo Nacional de Energía.