En el año 1501, las ciudades de Santo Domingo, La Vega y Santiago tuvieron sus autoridades locales que fueron designadas por sus propios vecinos, el número de regidores dependía de la importancia del municipio. La Constitución de 1844 establecía que para ejercer el gobierno interior de los pueblos se establecerían ayuntamientos compuestos por alcaldes, regidores y un procurador síndico.

 En 1845 se conoce la Ley Núm. 32, que sería la primera Ley Municipal en el país. Hasta la Constitución de 1868 se consideraba el Poder Municipal como un Poder del Estado. En 1913 se promulga la Ley Núm. 5189 de Organización Comunal, donde se le da a la común una estructura administrativa y se dispone que los miembros de los ayuntamientos sean elegidos cada dos años por voto directo.

 En la Constitución de 1924 se les asigna a los ayuntamientos atribuciones de ornato, sanidad, policía y servicio de instrucción pública. Atendiendo a una resolución votada en el Primer Congreso Panamericano de Municipios, celebrado en La Habana en el 1938, se declara de interés nacional la creación de la Liga Municipal Dominicana, y se le asigna al Secretario de Estado de Interior y Policía convocar a los organismos que integrarían la Liga y presidir las sesiones. Esta Ley, Núm. 49 del año 1938, asignaba a la Liga la función de promover las mejores relaciones y cooperación entre todos los municipios del país.

 Ya para el año 1940, con la Ley Núm. 380, se establece que en cada común debía existir un regidor por cada diez mil habitantes o fracción de cinco mil, no pudiendo ninguna común tener menos de tres. En el 1953, la Ley de Organización Municipal Núm. 3455, establece funciones, estructuras y facultades de los ayuntamientos y funcionarios municipales. Un año más tarde la Ley Núm. 3896 concede a la Liga personalidad jurídica; y en el 1961 la Ley Núm. 5622 concede autonomía municipal a los ayuntamientos en lo referente a aprobación de presupuestos de ingresos y egresos, erogación, pensiones y jubilaciones, entre otros aspectos.

 Con la Ley Núm. 673, del 1965, se faculta a la Liga Municipal para revisar los presupuestos realizados por los ayuntamientos.

 Para el año 1996 se crea la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, mediante el Decreto Núm. 484-96, con la finalidad de modernizar las instituciones públicas de las cuales la Secretaría General de la Liga formaría parte. Ese mismo año también nace la Oficina Asesora de Asuntos Municipales, con el Decreto Núm. 575-96, que asesoraría al Presidente de la República en asuntos municipales y serviría de enlace entre éste, los síndicos y gobiernos municipales.

  Al año siguiente, con la Ley Núm. 17-97, se destina en favor de todos los ayuntamientos del país el 4% del monto de la Ley de Gastos Públicos correspondiente a los ingresos de orden interno, derogándose así la Ley Núm. 140 de 1983. Ambas leyes fueron derogadas por la Ley Núm. 166-03 que le designa el 10% y a la vez modificada por la Ley Núm. 176-07 que deroga todas las leyes del régimen municipal existente hasta la fecha