SANTO DOMINGO.- El titular del Ministerio de Administración Pública (MAP) anunció la creación de un banco de consultores que facilite la selección de recursos humanos calificados y competentes para acompañar los procesos de mejora institucional que impulsa esa entidad en el marco del Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública.

Con ese propósito, el licenciado Darío Castillo Lugo formuló un llamado a todas las empresas consultoras y a los consultores y consultoras individuales para que se inscriban en el Registro de Consultores especializados en materias vinculadas a la Administración Pública, enviando su documentación a la dirección electrónica, registro.consultores@map.gob.do.

Sostuvo que las materias vinculadas a la Administración Pública en las que deben inscribirse son las de planificación, desarrollo organizacional, diseño de estructuras y puestos de trabajo, reclutamiento, formación y profesionalización.

También, sistemas de compensación, relaciones laborales, innovación, gestión y simplificación de procesos, simplificación de trámites, gobierno electrónico, gestión de la calidad, evaluación y auditoría administrativa, gestión municipal, desarrollo de sistemas automatizados, reforma administrativa, derecho administrativo y constitucional, ética, transparencia y otros.

Explicó que para inscribirse en el Registro de Consultores, los profesionales consultores y consultoras interesados (as) deben enviar su manifiesto de interés con carta dirigida al ministro de Administración Pública, con atención al Viceministerio de Reforma y Modernización de la Administración Pública, con perfil del consultor, contentivo de un resumen de su experiencias y currículum vitae, con copia del Registro Nacional del Contribuyente (RNC) y del Registro Proveedor del Estado (RPE).

Mientras que las firmas consultoras deberán enviar carta de manifestación de interés dirigida al ministro de Administración Pública, con atención al Viceministerio de Reforma y Modernización de la Administración Pública, perfil de la firma contentivo de un resumen de su experiencia y el currículum vitae del equipo técnico que la integra, con copia del Registro Nacional del Contribuyente (RNC) y del Registro Proveedor del Estado (RPE).

Castillo Lugo informó que el plazo para la recepción de esta documentación es hasta el 19 de marzo de 2021 y que quienes tengan alguna pregunta o inquietud la puedan canalizar a través de la dirección del correo: registro.consultores@map.gob.do.

El funcionario precisó que dispuso la creación del banco de consultores y que formula el llamado para la inscripción de los (as) interesados (as) en cumplimiento con los mandatos de la Ley número 41-08, de Función Pública; de la Ley Orgánica de la Administración Pública número 47-12, y bajo el amparo de las disposiciones de la Ley General de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, número 340-06 y sus modificaciones.

Aclaró que la incorporación al Registro de Consultores, no es garantía de contratación por parte de los organismos públicos, los cuales deberán seguir las estipulaciones de la Ley No. 340-06, para la selección y contratación de servicios

Santo Domingo.  Representantes del Ministerio de Administración Pública (MAP), con el apoyo de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC) y el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), iniciaron formalmente los trabajos técnicos del programa Burocracia Cero, hacia un Gobierno Eficiente, con miras a promover la eficiencia de la administración pública.

La información la ofreció Darío Castillo Lugo, titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), entidad que coordina el Programa Burocracia Cero, según establece el Decreto 640-20, con el apoyo de la OGTIC, para la automatización y digitalización de trámites y servicios.

El funcionario explicó que el Programa Burocracia Cero es una iniciativa cuyo lanzamiento encabezó el presidente Luís Abinader, durante un acto realizado en diciembre del pasado año 2020, en el Palacio de Gobierno, el cual tiene como propósito promover la eficiencia de la administración pública, a través de marcos normativos claros, oportunos y transparentes, que permitan la simplificación de trámites y servicios, así como la mejora de la calidad de las regulaciones.

La República Dominicana padece de altas cargas regulatorias que limitan la productividad de las empresas, afectando así la competitividad del país.  Ante los resultados de los indicadores del Índice Global de Competitividad, en 2019 el país alcanzó una puntuación de 32.7/100 en el indicador de trabas regulatorias, ocupando la posición 108 de 141 países, por lo que Peter Prazmowski, Director Ejecutivo del CNC, entidad responsable de la elaboración de la Estrategia Nacional de Competitividad mediante el decreto 640-20, afirmó que la mejora regulatoria y simplificación de trámites se encuentran dentro de las prioridades de la Estrategia.

Darío Castillo Lugo sostuvo que las instituciones convocadas al evento, fueron priorizadas en función a la demanda, impacto y la carga regulatoria que representan para los ciudadanos y las empresas, sus trámites y servicios, entre los que citó la ventanilla única de permisos de construcción, las emisiones de los diversos registros sanitarios por parte del Ministerio de Salud Pública, traspasos de vehículos de motor por parte de la DGII, servicios de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, de la Dirección General de Aduanas, entre otros.

El titular del MAP dijo que para este año se proyecta la intervención de más de 60 trámites y que con estos trabajos se busca mejorar la calidad de los servicios públicos, facilitar y agilizar la emisión de permisos, licencias y autorizaciones que emite la Administración Pública, y a su vez, contribuir a mejorar el clima de negocios y las inversiones en el país, enfocándose de manera especial en la reducción los tiempos, actividades y documentos requeridos. En adición, el programa incluye el análisis de las regulaciones vigentes, la simplificación de trámites y la automatización y creación de ventanillas únicas.

En el marco del Programa Burocracia Cero, se elaboró una propuesta de ley sobre mejora regulatoria y simplificación de trámites, que busca definir, articular e implementar las políticas públicas dirigidas a la mejora regulatoria y la simplificación administrativa, la cual fue depositada en el Congreso en noviembre del 2020.

SANTO DOMINGO.- El gobierno prohibió a las instituciones públicas la compra de bonos para distintos fines, como parte de las medidas adoptadas para mitigar la crisis económica que afecta los ingresos del Estado y el presupuesto público a causa del Covid-19.

La disposición está contenida en la circular número 001797 emitida este viernes 5 de febrero por el Ministerio de Administración Pública (MAP), firmada por su titular, Darío Castillo Lugo, en la que se suspende la compra de bonos para Asistentes, Recepcionistas, Secretarias y Auxiliares; Bonos para las Madres; Bonos para los Padres; Bonos para la Caminata de la Salud; Bonos de Aniversario de las Instituciones; Bonos Escolares; Bonos para Torneos Deportivos y Bonos para Actividades de Relaciones Públicas.

El funcionario explicó que esas medidas no aplican para los tipos y modalidades de incentivos, como son: Incentivo por Rendimiento Individual, Incentivo por Cumplimiento de Indicadores y Bono por Desempeño a los Servidores de Carrera.

La circular del MAP, emitida por instrucciones del presidente Luís Abinader Corona, está dirigida a ministros, directores, superintendentes, administradores generales y directores ejecutivos de instituciones de la administración central, desconcentrada, descentralizadas y de la seguridad social del Poder Ejecutivo.

En la disposición, Darío Castillo afirma que en la compra de bonos por estos conceptos se han venido erogando decenas de millones de pesos, en los últimos años, y que presupuestariamente se manejan por la Cuenta Auxiliar bonos para útiles diversos.

“Les informamos que por instrucciones del señor Presidente de la República, se ha dispuesto la suspensión, hasta nuevo aviso, de la adquisición de bonos de compra, que por concepto de: Bonos para Asistentes, Recepcionistas, Secretarias y Auxiliares; Bonos para las Madres;  Bonos para los Padres;  Bonos para la Caminata de la Salud; Bonos de Aniversario de las Instituciones;  Bonos Escolares;  Bonos para Torneos Deportivos y Bonos para Actividades de Relaciones Públicas, por cuyos conceptos se han venido erogando decenas de millones de pesos, en los últimos años; y cuyos conceptos, presupuestariamente, se manejan por la Cuenta Auxiliar bonos para útiles diversos”, expresó.

Asimismo, la circular sugiere a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Presupuesto y a la Contraloría General de la República, que para la efectiva aplicación de las medidas, velen porque los órganos y entes públicos a los que va dirigida la circular, no inicien procesos de publicaciones de licitaciones por dichos conceptos, ni en la prensa escrita, ni el portal transaccional; que supriman o bloqueen las referidas cuentas presupuestarias y no aprueben libramientos por los referidos conceptos.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Administración Pública (MAP) inició la investigación de la situación de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP) relativa al cumplimiento y aplicación de la reestructuración de cargos de esa entidad y otros aspectos de la ley de Función Pública, de Salario Público y de Presupuesto del Sector Público.

Con ese propósito el licenciado Darío Castillo Lugo, titular del MAP, encabezó una reunión con Ángel de la Cruz Hernández, presidente de la CPADP, una delegación de esa entidad y otra del MAP en la que dejó apoderada del caso a la comisión designada para hacer las indagatorias correspondientes y elaborar un informe que será presentado a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DGEIG).

La comisión del MAP es supervisada por José Pimentel, viceministro de Fortalecimiento Institucional de ese ministerio, y compuesta por Mateo Ramón, quien la coordina, Rocío Gómez y Rafael Tobías Farfán, miembros.

De esa forma, el MAP atiende un requerimiento de Milagros Ortiz Bosch, directora general de la DGEIG y asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética, transparencia y anticorrupción, para que investigue cualquier proceder de la CPADP que pudiera implicar violación a la Ley 41-08 de Función Pública, la 105-13, de Salario Público y la 423-06, de Presupuesto del Sector Público.

Ortiz Bosch le formuló la solicitud al MAP a raíz de las denuncias presentadas por la periodista Alicia Ortega en su programa “El Informe con Alicia”.

La comisión inició de inmediato su trabajo y se reunió con la directora de Recursos Humanos, de Contabilidad, de Planificación, entre otros funcionarios de la CPADP.

Angel Cruz Hernández, presidente de la CPADP, agradeció al ministro Darío Castillo y al personal del MAP su preocupación y apoyo para ayudar a esa entidad a adoptar las medidas administrativas para mejorar los servicios que ofrece a la población.

En la reunión entre personal del MAP y de la CPADP, participaron, por la Comisión, además de Cruz Hernández, Leandro Mieses, director de Planificación; Junior Martínez, director de Ingeniería; Manuel Montero, subdirector de Planificación; July Peña, Contable, y Katy Sánchez, director de Recursos Humanos.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los ministros de Administración Pública (MAP), licenciado Darío Castillo Lugo y de Salud Pública (MSP), doctor Plutarco Arias, firmaron este miércoles un acuerdo, en la sede de Salud, para la aplicación de la Evaluación del Desempeño Institucional (EDI) en la organización rectora de la salud del país.

Castillo Lugo afirmó que el objetivo de este acuerdo consiste en establecer los compromisos de resultados que asumirá el Ministerio de Salud para implementar un plan de seguimiento al fortalecimiento institucional y el perfeccionamiento de la calidad en los servicios que ofrece a la ciudadanía.

Sostuvo que mediante el convenio se compromete a acompañar a los funcionarios de Salud para que puedan cumplir con los indicadores y sub-indicadores del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, de manera que logren una gestión eficiente y transparente y que los servicios públicos lleguen con calidad.

“Estamos aquí apoyando al Ministerio de Salud Pública, en la firma de este acuerdo de evaluación del desempeño institucional como parte de los programas y los planes de fortalecimiento institucional de los órganos y entes de la Administración Pública y como parte del proceso de descentralización que manda la ley de salud”, expresó.

Mientras que el ministro de Salud, doctor Plutarco Arias, al ponderar la importancia del convenio con el MAP, dijo que el acuerdo tiene como objetivo medir y evaluar el desempeño y la calidad de los colaboradores de esa institución y ejercer controles sobre la administración pública y sobre el MSP.

Al referirse a las dificultades y luchas que ha tenido que afrontar en el combate del Covid-19 indicó que “hemos trabajado los siete días de la semana, noche y día, en el campo de batalla, enfrentando al Covid que desgraciadamente nos ha quitado parte del sueño y parte de nuestro ejercicio profesional de las otras áreas del Ministerio que tampoco hemos descuidado”.

Agradeció la presencia de Darío Castillo para contribuir a que los servicios del MSP estén enmarcados en una metodología de trabajo que permita su mejora continua hasta llegar a la excelencia.

“Así que gracias ministro, nos sentimos honrados con su presencia y sabemos que cada vez que lo llamamos siempre está disponible para respondernos y ayudarnos. Espero que eso siga siendo así para bien del país, del Estado y de nuestro gobierno que encabeza Luís Abinader”, precisó.

En la actividad que se llevó a cabo en el salón de Salud Colectiva del MSP, también estuvo presente en representación del MAP, Hadeline Matos, viceministra de Evaluación del Desempeño Institucional, y Bélgica Almonte, directora de Evaluación del Desempeño Institucional; por el MSP, Fernando Ureña, viceministro coordinador de las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud DPS/DAS; Escania Navarro, encargada de Calidad, y Robinson de la Cruz, director de Gabinete

SANTO DOMINGO.- El titular del Ministerio de Administración Pública (MAP) informó que se mantendrá el horario laboral para el sector público hasta las tres de la tarde y la asistencia de sólo el 40 por ciento de los empleados a sus puestos de trabajo, como parte de las medidas para prevenir el contagio del Covid-19.

El licenciado Darío Castillo Lugo, explicó que esta medida continuará aplicándose este miércoles 27 de enero hasta el 8 de febrero, como prolongación de la resolución 0003-21 que actualiza horarios y condiciones de trabajo en el sector público a consecuencia del estado de emergencia impuesto por la pandemia del Covid-19, y como forma de reforzar y dar cumplimiento a la aplicación del decreto 37-21, del 22 de enero del 2021. 

Agregó que el artículo 15 de este decreto mantiene el horario laboral hasta las tres de la tarde y la reducción en un 40% de la asistencia del personal de cada institución.

En ese sentido, Castillo Lugo reiteró que “se mantendrá el horario laboral en el sector público hasta las 3:00 p.m. y el 40% de la plantilla de empleados no esenciales para la actividad del Estado continuará sus labores desde sus hogares, a través de los medios tecnológicos que permiten el teletrabajo”.

Para el teletrabajo, la resolución da prioridad a quienes sobrepasan los 65 años de edad, a las embarazadas, a quienes padecen de enfermedades calificadas de alto riesgo, sin importar la edad, como cáncer, enfermedad renal y diabetes mellitus tipo II.

También, a quienes padecen de afecciones cardíacas graves, asma, personas inmunodeprimidas a causa de trasplante de médulas ósea o de órganos, VIH, el uso de corticoides o de otros medicamentos que debilitan el sistema inmunitario y de cualquier enfermedad que consideren las autoridades sanitarias.

El ministro de Administración Pública exhortó a todos los servidores públicos a continuar con la aplicación de los protocolos establecidos por las autoridades de salud, a fin de evitar la propagación del Covid-19 y de que los centros de trabajo se conviertan en focos de contagio.

Reiteró la obligatoriedad del uso de la mascarilla por parte de los servidores públicos en las oficinas e instalaciones de los entes y órganos públicos, como medida esencial para evitar la propagación de Covid-19, cuyo incumplimiento será sancionado con las medidas establecidas en la Ley General de Salud 42-01