SANTO DOMINGO.- El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, asumió este lunes sus funciones al frente de ese ministerio que regula el empleo público, y juramentó parte del equipo de trabajo que le acompañará a partir de este 17 de agosto.  

Durante las presentaciones, el ministro puso especial atención a la necesidad de adaptación de la función pública tomando en cuenta los protocolos correspondientes para evitar el contagio por coronavirus.

El funcionario fue recibido por colaboradores del MAP, a quienes saludó de forma sencilla y acto seguido se dirigió a sus oficinas donde recibió el juramento de sus nuevos colaboradores.

Los juramentados son: el viceministro de Fortalecimiento Institucional, Eduardo José Pimentel; Hadeline Matos, viceministerio de Evaluación del Desempeño; Carolina Torrens, viceministra de Función Pública; Sheyla Castillo, viceministerio de Servicios Públicos y Eliezer Nieves, viceministerio de Innovación.

Terminado el acto de  juramentación y presentación, el nuevo ministro se dirigió al edificio Juan Pablo Duarte, donde operan las oficinas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), órgano rector de la formación y capacitación de los empleados, donde dejó juramentados al director y subdirectora, Cristian Sánchez y Rosa Camila Rivera, respectivamente.

Darío Castillo Lugo vuelve al MAP, luego de 16 años, cuando ocupó la dirección de lo que antes era la Oficina Nacional de Administración Pública (ONAP), en el período 2000-2004. La designación del funcionario está contenida en el decreto 324-20, emitido por el Poder Ejecutivo.

Hoja de vida

Darío Castillo Lugo es un destacado profesional del área docente y administrativa, que ha desempeñado diversos cargos en la administración pública y también privada. Es egresado de la UASD de la carrera Administración de Empresa con maestría en gerencia pública, realizada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.

Igualmente, posee formación especializada en ramas de la administración de personal y técnicas de administración moderna en Psicología Industrial Dominicana.

También ha sido asesor en asuntos de la carrera administrativa para la Cámara de Diputados y el Senado, así como consultor del programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública (Parme), financiado por la Unión Europea.

Acerca del Ministro.

El Ministro de Administración Pública, licenciado Darío Castillo Lugo, es egresado de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestría en Gerencia Pública de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, y formación especializada en las ramas de administración de personal y técnicas de administración moderna en Psicología Industrial Dominicana. Ha participado en más de 45 reuniones, seminarios y congresos nacionales e internacionales vinculados con los temas de administración de empresas y gestión de recursos humanos, derecho administrativo, reforma y modernización del Estado, administración y función pública, servicio público de carrera, gestión de calidad, política salarial y planificación estratégica, entre otros.

Posee una vasta experiencia como servidor público, ocupando el cargo de Director de Recursos Humanos Académicos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Director de la Escuela Capacitación del Personal Docente y Administrativo de la UASD, así como diferentes puestos profesionales y directivos en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y en la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) -hoy Ministerio de Administración Pública-, donde se desempeñó como Director Nacional en el período 2000-2004.

También, ha sido asesor en asuntos de la Carrera Administrativa para la Cámara de Diputados y el Senado de la República Dominicana, así como  consultor del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública (PARME), financiado por la Unión Europea, para el trabajo de consenso en el Congreso Nacional con la bancada del PRD, respecto al anteproyecto de Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Especiales (2006) y para la aprobación del anteproyecto de Ley de Función Pública (2007). Asimismo, fue consultor del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Poder Ejecutivo (Pro-Reforma) financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Diseño de Estructuras para fines de Integración y Coordinación de Áreas Transversales de la Administración Pública (2006-07).

Igualmente, llevó a cabo una consultoría en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana para el Diseño, Implementación y Desarrollo de un Sistema de Méritos para la Administración de los Recursos Humanos (2005-06).

En el área de la gestión municipal, colaboró con la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), como consultor para la elaboración del Reglamento del Estatuto del Empleado y la Empleada Municipal, y la supervisión de la elaboración de los modelos de Manuales de Organización y de Cargos para Ayuntamientos pequeños, medianos y grandes (2008-10).  Desarrolló, además, una consultoría para la Embajada de Francia en la República Dominicana orientada a la evaluación del estado de los Recursos Humanos de los Ayuntamientos y Juntas Municipales de la Provincia Elías Piña.

Otra consultoría realizada, en el ámbito internacional, fue para el Instituto Centroamericano de Administración Pública, en sus funciones de miembro de la Comisión Calificadora del Premio ICAP a la Investigación en Administración Pública (2008).

Como Director de ONAP (2000-2004), representó al país en importantes encuentros internacionales, como las reuniones de la Comisión de Evaluación del Centro Latinoamericano de Administración Para el Desarrollo (CLAD), la de Funcionarios de Alto Nivel con Tuición sobre los Sistemas de Evaluación de la Gestión Pública y de los Congresos sobre Reforma del Estado y la Administración Pública, llegando a ocupar la posición de tercer vicepresidente del CLAD. También, participó en las reuniones de Directores de Servicio Civil y Recursos Humanos del Istmo Centroamericano organizadas por el ICAP, la reunión de la Red de Gestión y Transparencia del Diálogo Regional de Políticas sobre Gestión Pública del BID, en los foros de Responsables de Servicio Civil Iberoamericanos de la Fundación Internacional para Iberoamérica en Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), entre otros eventos de relevancia.

Asimismo, durante más de 18 años fue consultor de diversas empresas privadas en los temas de reorganización, encuestas salariales y recursos humanos, en su rol de Gerente de Consultoría de las firmas consultoras Ingeniería y Productividad (INPROCA) y Campusano & Asociados.

El licenciado Castillo Lugo ha acumulado una amplia experiencia docente como profesor en la materia de administración de personal,  y en el programa de formación de gerencia política, en las principales universidades UNAPEC, UNPHU y UASD, y como charlista invitado para las maestrías en Administración de Empresas Públicas  de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en Gerencia Pública de la FIIAP, en Gerencia y Políticas Públicas del Instituto Nacional de Administración Pública de España, así como en diplomados sobre gestión municipal en la República Dominicana.

Es importante destacar su rol como Director de Enlace Universitario (1980-82) y de Organización y Ética (1982-84) de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Administración (ADOPA).

El Estado dominicano nace con la Constitución de la República, proclamada el 6 de noviembre del año 1844, con la cual surgen las primeras instituciones jurídicas y políticas, encargadas de prestar los distintos servicios públicos a los ciudadanos y de fomentar el bienestar común.

Poco más de un siglo después, en el año 1965, se inicia la historia del Ministerio de Administración Pública, órgano rector del empleo público y de los distintos sistemas y regímenes previstos por la Ley de Función Pública Núm. 41-08, del fortalecimiento institucional de la Administración Pública, y de los procesos de evaluación de la gestión institucional.

Y es que, a los fines de sentar las bases que permitieran la reforma administrativa del Estado, a través del estudio sistemático de las estructuras organizativas y el funcionamiento de las instituciones que conforman la administración pública, así como implantar un régimen de administración de personal basado en el mérito y la profesionalización, el 22 de noviembre del año 1965, mediante la ley Núm. 55-65, fue creada la Oficina Nacional de Administración y Personal, a la cual, por medio del decreto Núm. 878 del año 1967, le fue asignada la función de capacitación de todo el personal del sector público.

En el 1968, con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, se elaboró un diagnóstico del sector público que sirvió de punto de partida para que esta institución realizara otros estudios e investigaciones en diferentes organismos que componen la administración pública.

Luego de treinta años de esfuerzos por obtener un instrumento que reivindicara los derechos de los empleados públicos, el 20 de mayo de 1991 se promulgó la hoy derogada Ley núm. 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la cual sentó las bases para el desarrollo del régimen meritocrático en la Administración Pública.

Un hito en la historia de la Administración Pública Dominicana es la promulgación, el 16 de enero de 2008, de la Ley Núm. 41-08 de Función Pública, que consolida la profesionalización de los servidores públicos, la institucionalidad y la gestión de la calidad en el servicio público. Mediante esta ley, la Oficina Nacional de Administración y Personal se convirtió en Secretaría de Estado de Administración Pública, elevando su nivel jerárquico a órgano de primera categoría.

Además, la Ley Núm. 41-08 de Función Pública incorporó al Instituto Nacional de Administración Pública, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Estado de Administración Pública, estableciendo bajo su cargo la ejecución, coordinación, seguimiento y evaluación de los procesos de inducción, formación y capacitación del personal de los órganos y entidades sujetos la Ley.

Más adelante, de conformidad con lo establecido en el Art. Núm. 134 de la Constitución Política del 26 de enero de 2010, las secretarías de estado cambian su denominación, y la institución pasa a llamarse Ministerio de Administración Pública, mediante el Decreto Núm. 56-10, del 6 de febrero de ese mismo año.

Desde su creación, el Ministerio de Administración Pública
(MAP) desarrolla las funciones de asesoría y monitoreo en las áreas de organización, procedimientos, administración de personal y capacitación, profesionalización de los servidores, aplicación de modelos de gestión de calidad, y evaluación de la gestión institucional en el sector público, entre otros.

Conversan sobre transición, avances y retos de la formación y capacitación de los servidores públicos en la República Dominicana

El licenciado Darío Castillo Lugo, quien asumirá el cargo de Ministro de Administración Pública a partir del próximo 16 de agosto, visitó en la mañana de este martes a la licenciada Celenia Vidal, Directora del Instituto Nacional de Administración Pública, para tratar asuntos de la transición.
En la reunión, las autoridades intercambiaron impresiones acerca de los trabajos que realiza el INAP para garantizar la formación y capacitación de los servidores públicos, y los diferentes programas que desarrolla esta entidad como son: Servidor Público Digital, Inducción a la Administración Pública, y el funcionamiento de la Red de Entidades de Formación de la Administración Pública (REFA). Asimismo, acerca de los avances en la virtualización de los cursos ofertados, la acreditación de entidades de capacitación y certificación de competencias, y el proyecto de inducción a la municipalidad, entre otros.
Durante su intervención, el lic. Castillo se refirió a la importancia de implementar planes de formación de servidores de Carrera para fines de promoción y ascenso en la Administración Pública, de desarrollar un programa de pasantías en acuerdo con las universidades del país, al rol del INAP como órgano rector de la formación y la capacitación, y a la necesidad de transformar la Administración Pública para adaptarse al contexto actual del Covid-19. 
También, informó que a finales del mes de agosto se llevará a cabo un Seminario de Inducción a la Administración Pública, dirigido a los nuevos titulares de las instituciones públicas.
En su calidad de Ministro de Administración Pública, el licenciado Castillo presidirá el Consejo Académico del Instituto Nacional de Administración Pública, según el Decreto 179-12.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Administración Pública (MAP) entregó al Poder Ejecutivo la propuesta del Proyecto de Reglamento de la Ley de Carrera Especial Sanitaria.

Ramón Ventura Camejo, titular del MAP, depositó el proyecto acompañado de una comunicación que envió al presidente Danilo Medina, a través de Flavio Darío Espinal, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, con copia a Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, en la que afirma que el Reglamento fue elaborado en base a las disposiciones de la ley 395-14 de la Carrera Especial Sanitaria, del 28 de agosto del 2014, y la Ley número 41-08, de Función Pública.

El funcionario asegura que la Ley de Carrera Sanitaria provee la base jurídica específica que permite desarrollar las normas reguladoras de las relaciones laborales entre los servidores públicos pertenecientes a la Carrera Sanitaria y el Estado; y la Ley 41-08 de Función Pública, los principios y disposiciones de aplicación general para todos los servidores públicos.

Ventura Camejo expresó que este momento, además de importante, es muy oportuno para otorgar la debida seguridad y las garantías de derecho a través de la institucionalización y del desarrollo de la Carrera Sanitaria, al personal médico y de salud por su comportamiento idóneo y demostrada vocación de servicio a la ciudadanía, ante la crisis causada por esta peligrosa pandemia del Covid-19.

“El Proyecto de Reglamento de Aplicación de la Carrera Sanitaria constituye un instrumento que permitirá extender el proceso de profesionalización de la función pública hasta los recursos humanos en salud, procurando que en el Sistema Nacional en Salud se apliquen normas legales y reglamentos especiales acordes con las especificidades del sector y los nuevos modelos de gestión de recursos humanos, necesidad que se hace impostergable”, expresa Ventura Camejo en la carta al Presidente.

Entre los objetivos del Reglamento se encuentran el desarrollar las normas, subsistemas técnicos y procedimientos relativos a la gestión de los Recursos Humanos en Salud, así como viabilizar la aplicación de los derechos y obligaciones que rigen la relación de los recursos humanos de la salud con el Ministerio y las demás instituciones del Sistema Nacional de Salud, según lo previsto en el marco legal del sector público y del sector salud.

También, impulsar el desarrollo profesional y contribuir a un mayor nivel de estabilidad laboral en el Sistema Nacional de Salud, contribuir al fortalecimiento de los procesos de cambios en el Sistema de Salud, creando las condiciones que permitan satisfacer las necesidades de salud de la población, y contribuir al fortalecimiento de los procesos técnicos para elevar la calidad y la efectividad del trabajo en salud en los distintos ámbitos.

El artículo 4 del Reglamento establece que las disposiciones y normas del mismo son aplicables a todos los Recursos Humanos en Salud que desarrollan actividades sanitarias en las instituciones públicas pertenecientes al gobierno central y en instituciones descentralizadas y autónomas, en las áreas de regulación, gestión clínica y administrativa, provisión, docencia, investigación y comunitaria, en todo el territorio nacional.

Mientras que excluye a los Recursos humanos en salud con cargos de libre nombramiento y remoción, a militares y policías, a quienes ejerzan cargos de confianza, a quienes desempeñan cargos administrativos que no correspondan a actividades sanitarias, a quienes ostenten cargos de Estatuto Simplificado, y a los de nacionalidad extranjera.

Asimismo, explica que quienes hayan estudiado en el exterior, para ingresar a la carrera sanitaria deberán realizar previamente el proceso de reválida y homologación de los títulos, cumplir los requisitos de colegiación profesional, si aplica, y cumplir los requisitos de ingreso a la carrera sanitaria, según lo establecido en la Ley No. 365-14, de carrera Especial Sanitaria y en el presente reglamento.

Además, establece que los órganos responsables de la administración del sistema de Carrera Especial Sanitaria son, el Ministerio de Salud Pública, en su condición de órgano rector del sector Salud, el Servicio Nacional de Salud, la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, la Oficina de Recursos Humanos del Servicio Nacional de Salud, las Oficinas de Recursos Humanos de los Servicios Regionales y las Oficinas de Recursos Humanos de las Direcciones Provinciales de Salud.

Precisa que el Ministerio de Salud Pública es responsable de trazar los lineamientos internos que aseguren el éxito en la implementación de la Carrera Sanitaria y que las Oficinas de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, del Servicio Nacional de Salud, y de los Servicios Regionales y de las Direcciones Provinciales, son los órganos y unidades responsables de ejecutar, en sus ámbitos de competencia, los subsistemas técnicos de gestión de personal, con miras a la concreción de la Carrera Sanitaria.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Administración Pública emitió una resolución en la que establece los lineamientos para la implementación de la modalidad del teletrabajo en los entes y órganos de la Administración Pública.

En la resolución Núm. 130-2020 firmada por Ramón Ventura Camejo, titular del MAP, presenta un reglamento en el que se establecen las condiciones mínimas que deben regir las relaciones laborales que se desarrollen mediante el trabajo a distancia, no presencial, impuesto por la incidencia del Covid-19.

La decisión precisa que el teletrabajo no afectará las condiciones de los servidores, que mantendrán los mismos derechos, beneficios y obligaciones que quienes desarrollen sus funciones en las instalaciones físicas de conformidad con la Ley 41-08, al tiempo que tendrán la misma oportunidad de acceso a la carrera administrativa, de formación y profesionalización que los servidores presenciales, así como la misma jornada de trabajo.

También, que los servidores deberán mantenerse localizables durante toda la jornada laboral, participar en las jornadas para las que han sido convocados, cumplir con los criterios de medición, evaluación y control determinados en el acuerdo de teletrabajo, guardar confidencialidad respecto a la información propiedad de la Administración, participar en los programas de formación y capacitación en materia de teletrabajo.

En tanto que los entes y órganos de la Administración Pública deberán proveer y garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y programas utilizados en el teletrabajo, capacitar al servidor para su adecuado uso, informar sobre el procedimiento de las normas y directrices relacionadas con salud y seguridad en el trabajo, entre otras.

El acuerdo de teletrabajo deberá contener la condición de servicio con la modalidad del teletrabajo, la tarea asignada a ejecutar, los medios tecnológicos requeridos en cuanto a conectividad, software, hardware y telecomunicaciones, los mecanismos de comunicación a utilizar y por medio de los cuales se mantendrá el contacto, los días en que ejecutará el trabajo, las responsabilidades y prohibiciones, entre otras.

La medida del MAP también establece que el teletrabajo es voluntario, tanto por parte del servidor como de la administración y que se regirá por un acuerdo entre las partes, un “acuerdo de teletrabajo”, aclarando que quienes asuman desde su ingreso esta modalidad podrán solicitar un análisis de su situación para pasar a trabajo presencial.

Mediante el artículo 4 se crea la Comisión de Teletrabajo de la Administración Pública como una instancia técnica designada por el o la titular de MAP para liderar la implementación de la modalidad del teletrabajo en la Administración Pública. Estará conformada por el viceministro (a) de la Función Pública del MAP, quien la coordinará en representación del ministro; de un representante de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) y un representante del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Además, crea las Comisiones Institucionales de Teletrabajo en las instituciones y órganos de la administración pública que serán el enlace con la Comisión de Teletrabajo de la Administración Pública y velarán por el correcto cumplimiento del teletrabajo en sus respectivas instituciones. Estarán conformadas por los Responsables de Recursos Humanos, de Tecnología de la Información y la Comunicación, de Administración y Finanzas y un representante de la Asociación de Servidores Públicos (ASP).

El documento emitido por el órgano rector de la Administración Pública define teletrabajo como relación de carácter laboral no presencial, total o parcialmente, por tiempo determinado, o de manera indefinida, fuera de las instalaciones físicas de los órganos y entes de la Administración Pública y mediante el uso de las tecnologías de información y la comunicación.

Asimismo, la resolución considera cuatro modalidades de teletrabajo, que son:  el de forma completa o total, el de forma parcial, el temporal y teletrabajo móvil, que es cuando el personal realiza sus funciones de manera itinerante, sea en el campo o con traslados constantes y usando equipos móviles fácilmente transportables.

 SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Administración Pública (MAP) puso en circulación el libro “Monitoreo de la Administración Pública: La Experiencia del MAP de la República Dominicana 2004-2019”, de la autoría del prolífico escritor y sociólogo dominicano, Danilo P. Clime.

En esta nueva obra, de casi 300 páginas, el autor recoge el trabajo realizado durante los últimos 15 años en el MAP por la institucionalización, la modernización del Estado y la profesionalización de la Administración Pública, como lo explicó al inicio de la actividad.

La puesta en circulación fue un acto virtual, efectuado la mañana de este jueves 6 de agosto, en el que participó Ramón Ventura Camejo, titular del MAP; Gianluca Grippa, embajador de la Unión Europea en el país; Francisco Velásquez, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), y Alexander López, director general del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP).

Durante el acto, Ramón Ventura Camejo sostuvo que al asumir sus funciones lo primero que se preguntó fue cómo tener una administración que satisfaga las necesidades y expectativas de los ciudadanos, para lo cual se centró en la mejora de la calidad de vida de la gente a través de la mejora de los servicios públicos, lo que lo condujo a trabajar en la transformación de la mentalidad de los funcionarios, en la profesionalización de los servidores públicos, y en la elaboración de planes operativos y estratégicos.

“Eso sólo es posible creando una cultura de la calidad, enfocando los procesos, con un liderazgo participativo, con un personal competente, para lo cual tuvimos que recurrir al mérito, pues no puede lograrse una administración eficiente sin el uso de la tecnología de la información y la comunicación, de ahí surge el SASP, el SISMAP y otras herramientas”, expresó.

Agregó que el personal competente tiene que ser actualizado, por lo que llegó a acuerdos con la Escuela Nacional de Administración, de Francia, la Universidad de Salamanca, la Unión Iberoamericana de Municipalistas, UTESA, PCMM y la UASD, entre otras academias del exterior y del país.

Asimismo, Gianluca Grippa dijo que la publicación contiene los grandes avances de la administración pública de la República Dominicana en los últimos 15 años y de los cuales la Unión Europea ha sido un compañero de viaje y socio de estos logros que evidencian la evolución de este sector en el campo legal, la adopción de una cultura de la calidad, de las cartas compromiso al ciudadano, del aprovechamiento de la plataforma digital y de otras herramientas utilizadas por el MAP para impulsar el proceso de modernización de la administración pública.

Felicitó a Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, por liderear la transformación de la institucionalidad de la República Dominicana, por su presencia constante en eventos internacionales relativos a la administración pública y por dejar la base para el desarrollo presente y futuro del país en este campo.

Mientras que el secretario general del CLAD, el español Francisco Velásquez, al resaltar los contenidos del libro en relación a la labor desarrollada por el MAP, se refirió al liderazgo de Ventura Camejo para lograr esos avances; liderazgo que sobrepasó la parte institucional, para extenderse al ámbito local, estatal o nacional y llegando a lo internacional, “convirtiéndose en una referencia en los organismos internacionales, para Iberoamérica y el mundo, pues ha colaborado con todos, ha abierto las puertas a todos y ha solicitado y obtenido la asistencia de todos. Es un ejemplo de la colaboración y el trabajo con esto organismos”.

Afirmó que durante estos tres lustros la administración pública ha sufrido un cambio radical, al pasar de una pequeña dependencia, como fue la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), al Ministerio de Administración Pública, una institución con un crecimiento exponencial tanto a nivel cualitativo como cuantitativo y cuya presencia es esencial en la administración pública de la República Dominicana.

En tanto que Alexander López, director del ICAP sostuvo que “el desarrollo institucional de la República Dominicana en los inicios de este siglo estará marcado por el enorme trabajo de Ramón Ventura Camejo y su equipo ministerial y todo lo que han aportado en los procesos de fortalecimiento institucional, de mejoras continuas y el contagio del que ha impregnado a todos por el respeto, la pasión, la entrega, la vocación con la que ha afrontado su tarea”.

“Envié esa comunicación a la comisión de titulares de las áreas sustantivas del MAP para que se comuniquen, consulten, evalúen, tomando como referencia la Constitución, leyes y reglamentos, jurisprudencia, la experiencia y la profesionalidad que les caracteriza a cada uno y recomienden lo pertinente”, expresó.

El funcionario explicó que en cada solicitud de incorporación a la Carrera Administrativa se sigue un proceso, que se inicia con la comunicación de la institución que lo solicita, acompañada de la documentación correspondiente a cada caso, expedientes que pasan a la comisión de titulares de las áreas sustantivas.

Precisó que esta comisión tiene, entre sus funciones, elaborar y registrar nombramientos de carrera luego de terminado el proceso de evaluación y de haber cumplido de manera satisfactoria el desempeño en periodo probatorio y emitir el nombramiento provisional de los funcionarios de carrera en período de prueba.

También, elaborar los nombramientos provisionales de aquellos servidores que han aprobado el proceso evaluatorio establecido para ingresar al Sistema de Carrera y evaluar, conforme a la Ley y los reglamentos establecidos al efecto, a los servidores públicos que a la entrada en vigencia de la ley ocuparen cargos de carrera sin que se les haya conferido el estatus como servidores de carrera.

Además, gestionar y distribuir los nombramientos de la Carrera firmados por el Presidente de la República a las instituciones correspondientes y elaborar los anteproyectos de decreto o las resoluciones de incorporación de servidores públicos al Sistema de Carrera Administrativa y la expedición del nombramiento de aquellos empleados que hayan cumplido con los requisitos establecidos.

Asimismo, incorporar servidores al sistema de Carrera Administrativa General, dirigir todas las actividades relacionadas con el proceso de implantación de la Carrera Administrativa en las distintas instituciones de la Administración del Estado y elaborar los planes operativos para incorporar los servidores al Sistema de Carrera Administrativa conforme al Artículo 98 de la Ley 4108, entre otras funciones.

El órgano rector de la Administración Pública en el país, realizó una ceremonia virtual de apertura de su Archivo Central, encabezada por el ministro, Ramón Ventura Camejo y los viceministros de la entidad.

SANTO DOMINGO. Como “otra meta cumplida en el gran proceso de transformación del Ministerio de Administración Pública”, catalogó el ministro Ramón Ventura Camejo a la apertura del Archivo Central de esa institución, que tuvo lugar en la mañana de este miércoles 15 de julio.

Durante su intervención al encabezar la ceremonia virtual de inauguración, Ventura Camejo destacó que la inauguración del Archivo Central del MAP, constituye un gran paso en lo que “corresponde a un órgano rector contar con un archivo que responda a las exigencias para garantizar la transparencia de nuestros procesos, organizando la documentación y preservándola como fuente de investigación, como base para auditorías y rendición de cuentas”.

Asimismo, el funcionario señaló: “La apertura de este archivo forma parte del plan de transformación del órgano de la Administración Pública, que en el 2004 era una Oficina Nacional, y hemos podido llevarla al nivel de un ministerio, con la jerarquía y la autoridad necesarias par impulsar los cambios imprescindibles que requería nuestra Administración Pública”.

Ventura Camejo también se refirió al hecho de que el MAP se ha convertido en una marca, tanto a nivel nacional como internacional. “Hemos logrado crear una institución de prestigio y así ha sido reconocido por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), con relaciones que trascienden la región iberoamericana y alcanzan a Europa, Asia y el Oriente”.

El ministro de Administración Pública agradeció el apoyo de la Unión Europea y resaltó la labor desarrollada por la Comisión Organizadora del Archivo, encabezada por la viceministra de Función Pública del MAP, licenciada Donatila Germán, quien al hacer uso de la palabra en el acto, ofreció detalles del proceso de organización del Archivo, que comenzó en el año 2014.

Por su parte, Ángel Hernández, director del Sistema Nacional de Archivos, del Archivo General de la Nación (AGN), afirmó que “el MAP debe ser también ejemplo en la gestión archivística para las entidades públicas”.

Hernández explicó que el proceso de organización del Archivo Central del MAP contó en todo momento con la asesoría y la orientación metodológica de técnicos y especialistas del AGN.

El acto, que se celebró a través de la plataforma ZOOM, y que concluyó con un recorrido virtual por las instalaciones del Archivo, contó con la presencia de los viceministros del MAP, Donatila Germán, Hilda Cabrera, Carlos Manzano, Pedro Niña, Elso Segura y Julio Canelo, así como directores y encargados departamentales, funcionarios y servidores públicos del MAP, e invitados representantes del Archivo General de la Nación.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Administración Pública (MAP) remitió una circular a todas las dependencias del Poder Ejecutivo en las que les presentó un resumen del régimen laboral de derechos de los servidores públicos, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 41-08 de Función Pública y el Reglamento Núm. 523-09 de Relaciones Laborales que se aplican desde hace más de 11 años, en los casos de desvinculación del servicio.


La circular Núm. 4295 del 7 de julio del año 2020, que fue remitida a los ministros, viceministros, directores generales y nacionales, enumera la categoría de servidores públicos según el artículo 18 de la Ley de Función Pública e indica los derechos que les corresponden a los funcionarios de libre nombramiento o remoción, a los de carrera, a los de estatuto simplificado y a los empleados temporales, si éstos son separados de sus cargos.


De acuerdo con el documento, que cita la Ley 41-08, a los funcionarios públicos de libre nombramiento o remoción, dentro de cuya categoría se incluyen los llamados cargos de confianza, sólo les corresponde el pago de los derechos adquiridos, como las vacaciones no disfrutadas y la proporción del salario No. 13 o regalía navideña.

En tanto que los funcionarios públicos de carrera tendrán derecho a la titularidad del cargo y a permanecer en el puesto en el que han sido nombrados, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley y sus reglamentos de aplicación, y tal como lo establece el párrafo del artículo 23 de la Ley 41-08, “sólo perderán dicha condición los casos que expresamente determina la Ley, previo cumplimiento del proceso administrativo correspondiente y formalizado mediante acto administrativo. El cese al derecho contrario se saldará con la reposición del servidor público de carrera en el cargo que venía desempeñando y el abono de los salarios dejados de percibir”.

Para el caso de los servidores públicos de estatuto simplificado, que incluye a quienes forman parte de los grupos ocupacionales I y II, de servicios generales y apoyo administrativo, respectivamente, se reconoce el pago de una indemnización económica equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o fracción de seis meses, sin que exceda los 18 meses de salario, las vacaciones no disfrutadas, además de los derechos adquiridos, como la proporción del salario No. 13.

Asimismo, los empleados temporales que resulten desvinculados de sus funciones, si acumulan más de un año en el cargo, tienen derecho al pago de las vacaciones no disfrutadas, y a la proporción de la regalía, a partir de tres meses del año calendario.

Mientras que aquellos servidores públicos que ocupan cargos de carrera desde antes de que entrara en vigencia la Ley 41-08, en caso de cese injustificado de sus funciones, el MAP señala que tienen derecho a una indemnización en base al artículo 60 y 98 de la referida Ley y el artículo 138 del Reglamento No. 523-09.

En cuanto al pago de las vacaciones no disfrutadas, la circular refiere el artículo 55 de la Ley 41-08, que concede el derecho de cobrarlas, a todos los empleados públicos de los órganos de administración del Estado que, al momento del reclamo, hayan servido un mínimo de seis meses dentro del calendario correspondiente en caso de ser desvinculados.


De igual manera, el MAP indica que el monto de pago se calculará en base a todo el tiempo de servicio que se haya prestado, de modo continuo o no, a cualquier organismo del sector público autónomo,
centralizado o descentralizado en el que haya trabajado “y a cualquier órgano del Estado debidamente certificado”.

El documento aclara que sólo tendrán derecho a reclamar una indemnización económica, los servidores públicos de estatuto simplificado y aquellos que ocupaban cargos de carrera antes de la aprobación de la Ley 41-08 y a la fecha no han sido incorporados al sistema meritocrático.


Los bonos por desempeño serán otorgados a los empleados de carrera administrativa con resultados “muy buenos o excelentes”, y deberán reconocer el pago de incentivos de acuerdo con el Reglamento 523-09 y a las resoluciones 100-18 y 041-2020 que establecen disposiciones respecto al pago de este y cualquier otro incentivo correspondiente.

El documento indica que según el proceso de descentralización e implementación del Sistema de Reclamación de Beneficios Laborales (RECLASOFT), corresponde a las oficinas de Recursos Humanos de las instituciones del Estado emitir las hojas de cálculos de beneficios laborales de los servidores públicos cuando éstos cesen de sus cargos y remitirlas al MAP para su aprobación, lo cual es medido por el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), “y podría afectar la calificación de la institución, en caso de no dar la debida asistencia a sus servidores”.

Además, las entidades deben enviar al MAP los documentos que certifiquen las informaciones que acrediten los datos personales y laborales del exservidor público, como son la Carta de Cancelación u Acto Administrativo que disponga la desvinculación del empleado, así como las certificaciones de cargos y copia de la cédula personal de identidad y electoral del servidor desvinculado.

Con respecto a los plazos para estos trámites, la Circular del Ministerio de Administración Pública remite a los establecidos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Función Pública.


En la circular, el MAP llama a las instituciones públicas que no dispongan del software del RECLASOFT, a ponerse en contacto con las direcciones de Tecnología de la Información y de Relaciones Laborales del ministerio.