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Ministerio de Administración Pública

El Ministerio de Administración Pública, MAP, es el órgano rector del empleo público y de los distintos sistemas y regímenes previstos por la Ley de Función Pública, del fortalecimiento institucional de la Administración Pública, del desarrollo del Gobierno Electrónico y de los procesos de evaluación de la gestión institucional.

Tiene como funciones primordiales:

a) Garantizar la profesionalización de la Administración Pública e implantar un sistema racional y moderno de gestión de los recursos humanos.

b) Diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y estrategias para el fortalecimiento institucional de la Administración Pública, proponiendo reformas de las estructuras orgánica y funcional de la misma.

c) Propiciar y garantizar el más alto nivel de efectividad, calidad y eficiencia de la función pública del Estado, implantando modelos de gestión de Calidad y promoviendo la evaluación del desempeño institucional.

Misión

Nuestra Misión

Contribuir al fortalecimiento, la innovación y modernización de la Administración Pública; a través de la racionalización y eficiencia de los organismos públicos, la profesionalización de los servidores públicos y el impulso a la calidad en la gestión de los servicios.

Visión

Nuestra Visión

Ser reconocido como órgano rector del fortalecimiento institucional y la profesionalización de la función pública, por nuestros aportes a la consolidación de una Administración Pública efectiva, racional e innovadora capaz de brindar servicios de calidad.

Valores

1- Vocación de servicio: Estamos comprometidos, con dedicación, esmero, calidez y equidad, para la satisfacción de nuestros usuarios.

2- Calidad: Impulsamos el establecimiento de una Cultura de Calidad y la mejora continua en la prestación de los servicios públicos, a fin de satisfacer los requerimientos y expectativas de los ciudadanos-clientes del Sector Público Dominicano.

3- Innovación: Búsqueda de nuevos métodos, partiendo de los conocimientos que le anteceden, a fin de mejorar algo que ya existe, para dar solución a un problema o facilitar una actividad.

4- Transparencia: Rendimos cuentas de nuestro accionar a la ciudadanía, abiertos siempre al escrutinio público.

5- Integridad: Somos y actuamos con honradez, rectitud y transparencia, valorando la convivencia con los demás y con una actitud consecuente con los principios que profesamos.

Historia

1. El mencionado sistema de Servicio Civil tuvo diversos antecedentes durante los siglos XIX y XX, entre los cuales los más importantes se sintetizan como sigue:

a) Acta Constitutiva del Gobierno Provisional de José Núñez de Cáceres, 1821, orientada por principios como el de estabilidad en el empleo público;

b) Proyecto de Constitución de la República, de Juan Pablo Duarte, 1843, que consagra el “principio de legalidad” de las acciones públicas, según su Artículo 11;

c) Constitución de la República Dominicana, de 1844, que establece el principio de igualdad de oportunidades para ingresar a la Administración Pública;

d) En 1881 el Gobierno de Fernando Arturo de Meriño daba preferencia de acceso a los cargos públicos que más ciencia y conciencia exigían, a los graduados de la Escuela Normalorientada por Eugenio María de Hostos;

e) En 1913 el Decreto 5272 estableció que “ningún empleado puede ser removido de su empleo, a no ser por faltas graves o incompetencia”;

f) En 1917 el Gobierno interventor norteamericano creó, mediante la Orden Ejecutiva Núm. 66, una Comisión de Servicio Civil con facultad para nombrar, ascender, trasladar y despedir servidores públicos; quedando ampliada o modificada esa facultad mediante las Ordenes Ejecutivas Nos. 66 de 1917; 452 y 490 de 1920; la Ley 1144 y el Reglamento 1230 de 1929; Leyes 3 y 89 de 1942; y Ley 1184 de 1946; etc.

g) En 1951 el Gobierno de Trujillo suprimió dicha Comisión de Servicio Civil, alegándose que era innecesaria porque los cargos eran cubiertos por personal idóneo…con diplomas que acreditaban su capacidad;

2. Entre 1961 y 1990 fueron elaborados nueve (9) proyectos de Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, siendo aprobado el último por el Congreso Nacional, en forma unánime, y convertido en la Ley Núm. 14-91 por el Poder Ejecutivo el 20 de mayo de 1991 (Gaceta Oficial 9808).

3. El 29/03/94 el Presidente de la República emitió el Reglamento Núm. 81-94 de aplicación de la citada Ley 14-91, iniciándose así, con escasa efectividad, la vigencia del régimen de Servicio Civil (Gaceta Oficial 9879).

4. Desde entonces el MAP, con el propósito de viabilizar los contenidos de los textos antes citados, ha emitido los siguientes instructivos procedimentales, de:

  • Clasificación y Remuneración del Personal Civil del Poder Ejecutivo;
  • Reclutamiento y Selección de Personal;
  • Incorporación de Empleados Activos a Carrera Administrativa;
  • Evaluación del Desempeño de Personal Civil;
  • Auditoria de la Incorporación de Empleados a Carrera Administrativa;
  • Reclamación de Beneficios Económicos (del personal separado en forma injustificada);
  • Régimen Ético y Disciplinario;
  • Constitución y Funcionamiento de Asociaciones de Servidores Públicos;
  • Registro y Control de Personal del Sector Público;
  • Creacion del Comité Ad Hoc de Evaluación del Proceso de Incorporación a Carrera Administrativa.

5. El MAP cuenta con los siguientes instrumentos técnicos facilitadores de su gestión:

  • Manual General de Cargos Civiles Clasificados del Poder Ejecutivo (Decreto 586-96, de fecha 22/11/96);
  • Manual General de Cargos Civiles Comunes del Poder Ejecutivo (Resolución 24-99-Bis, del 13/09/99) como proyecto de modificación del Decreto 586-96;
  • Manual de Organización del Gobierno;
  • Diversas Resoluciones internas, aprobatorias de manuales de cargos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo.

6. Actualmente el MAP está recibiendo colaboración técnica y financiera de distintos Gobiernos de América, de la Unión Europea y de organismos internacionales, en los campos de reforma del Estado y de la Administración Pública, con énfasis en materia de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Política de la Calidad

En el Ministerio de Administración Pública asumimos el compromiso de prestar servicios de calidad que contribuyan al fortalecimiento, innovación y modernización de la Administración Pública, cumpliendo los requisitos aplicables.

Nuestro liderazgo impulsa el desarrollo de una cultura enfocada en la búsqueda de la excelencia, contando con un personal competente y altamente calificado, comprometido con la satisfacción de los requerimientos y expectativas de las partes interesadas, y la implementación de acciones para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad, elevando el desempeño de los procesos institucionales.

Política del Sistema Integrado de Gestión Ambiental, y de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SIGASST)

En el Ministerio de Administración Pública asumimos el compromiso de identificar y cumplir los requisitos legales y otros aplicables que nos permitan propiciar un ambiente libre de contaminación, seguro y saludable, que prevenga lesiones y daños a la salud relacionados con el trabajo y que proteja la biodiversidad.

Nuestro liderazgo impulsa el desarrollo de una cultura enfocada en la búsqueda de la excelencia, a través de la participación y la consulta a colaboradores, representantes y otras partes interesadas. La eliminación de peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así como la reducción del impacto ambiental que ocasiona su operación, implica la realización de acciones para la mejora continua del sistema integrado de gestión, elevando así la eficacia de los procesos, el desempeño y la sostenibilidad ambiental.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE COMPLIANCE Y ANTISOBORNO

El Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana (MAP), es el órgano rector del empleo público y de los distintos sistemas y regímenes previstos por la Ley de Función Pública, del fortalecimiento institucional de la Administración Pública, del desarrollo del Gobierno Electrónico o Digital y de los procesos de evaluación de la gestión institucional. Es nuestro compromiso:

• Prohibir el soborno en todas sus manifestaciones y requerir el cumplimento de las obligaciones de compliance, impulsando una cultura de cumplimiento con los requisitos aplicables, con las leyes antisoborno, así como con otras leyes y normativas que sean aplicables a la institución y a su sistema integrado de gestión;

• Establecer canales efectivos para el planteamiento de inquietudes y consultas de buena fe, así como la realización de denuncias sobre la base de una creencia razonable, en confianza y sin temor a represalias, para quien realice la consulta o para el denunciante;

• Aplicar un régimen de consecuencias para quienes incurran en incumplimiento de las obligaciones, políticas, procesos y procedimientos del sistema integrado de gestión de compliance y antisoborno, conforme a las disposiciones del marco jurídico vigente, incluyendo, pero no limitándose a, la destitución o desvinculación del servidor público, la terminación de contratos y el sometimiento ante las autoridades correspondientes;

•Establecer la función integrada de compliance y cumplimiento antisoborno con la autoridad, responsabilidad e independencia necesarias para garantizar el funcionamiento eficaz de los elementos del sistema integrado de gestión;

Identificar e implementar acciones para la mejora continua y la búsqueda de la excelencia de nuestro sistema integrado de gestión de compliance y antisoborno.

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